Llegó a la conclusión que respecto de 1.681 casos, de un total de 16.800 desapariciones, había pruebas indicativas de la identidad de los responsables de los desalojos involuntarios de las personas y su consecuente desaparición. El Gobierno, basándose en la recomendación formulada por las comisiones, decidió enjuiciar a los culpables, para lo que creó una Unidad de Investigación de Desapariciones en la Fiscalía General, como unidad separada del Departamento de Policía.
Ver másLas comisiones zonales llegaron a la conclusión de que aproximadamente 16.800 personas habían desaparecido durante el periodo investigado, aunque se estimó que el trabajo estaba incompleto pues no se habían logrado investigar a fondo las denuncias al expirar el tiempo del mandato.